La que fue en otros años la imagen más esperada del año (la de toda la familia del rey Juan Carlos, unida y disfrutando de las vacaciones de verano) no podrá ser este 2012. La Casa Real lo confirmó: el esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, tiene al parecer la entrada vedada al palacio veraniego en Palma, y se quedará en Washington.
Entre tanto, los príncipes de Asturias no se encontrarán con la infanta Cristina, debido, se supone, a la crisis interna que supuso en la familia el desgraciado "Caso Urdangarín". La última vez que el rey y el príncipe Felipe se encontraron con Urdangarin la tensión fue máxima, y al parecer el heredero tuvo palabras muy duras contra el proceder de su cuñado. Desde entonces su relación con él se interrumpió.
La reina Sofía, sin embargo, logró su propósito de reunir a sus dos hijas, Elena y Cristina, y a los seis hijos de estas. La incógnita que no se ha querido despejar es si el marido de la infanta Cristina estará o no en el apartamento de Son Vent en el que habitualmente se alojan para acompañar a su familia durante esos días de vacaciones.
Se espera que la reina, sus dos hijas y sus nietos lleguen a Palma el 30 o el 31 de julio, después de que doña Sofía haya asistido a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, adonde no está previsto que asista el rey. El día anterior a la inauguración de los Juegos, 26 de julio, la reina asistirá a una recepción que la reina Isabel II ofrecerá a la realeza en el Palacio de Buckingham.
El monarca llegará, probablemente el día 7 y regresará a Madrid hacia el 15, para retomar sus actividades. “El rey estará entre Madrid y Palma, no irá a ningún otro sitio este verano”, informan fuentes próximas al Palacio de La Zarzuela. En Palma, recibirá a las autoridades de la isla y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Las vacaciones de los príncipes de Asturias son menos transparentes que las del rey. Pasarán tiempo en Londres presenciando los Juegos y después del 15 de agosto se marcharán con sus hijas de viaje con destino desconocido. Irán a Marivent, pero no se sabe ni cuándo, ni cuánto tiempo, pero parece que no se encontrarán con la infanta Cristina.
Las vacaciones de los príncipes de Asturias son menos transparentes que las del rey. Pasarán tiempo en Londres presenciando los Juegos y después del 15 de agosto se marcharán con sus hijas de viaje con destino desconocido. Irán a Marivent, pero no se sabe ni cuándo, ni cuánto tiempo, pero parece que no se encontrarán con la infanta Cristina.
Estas aseveraciones hechas en privado sobre la princesa de Asturias provocaron unaenemistad manifiesta del príncipe Felipe hacia su cuñado, Iñaki Urdangarín, lo que había provocado una ruptura total de relaciones".
Don Felipe y doña Letizia tienen previsto asistir junto con los reyes a la cena que cada año ofrecen a las autoridades del archipiélago balear el día 8 de agosto, y posteriormente se desplazarán a Londres para estar presentes en algunas de las pruebas finales de las Olimpiadas así como en la ceremonia de clausura prevista para el 12 de ese mismo mes.
La norma este año es la austeridad. Nada de regatas ni salidas en el yate «Fortuna», ni ofrecer una imagen de frivolidad en un verano que se prevé difícil para la economía española. Lo que los responsables de la Casa del Rey pretenden es que los ciudadanos perciban que la Familia Real va tan sólo a tomarse unos días de descanso para reponer fuerzas en un año complicado para la Corona.
Dónde. El Palacio de Marivent, en su mayor parte es propiedad de Baleares y la otra parte pertenece a Patrimonio Nacional. La vivienda centra, la original, se construyó en 1923. La casa y su entorno fueron cedidos a la extinta Diputación, en 1965, por la viuda del filántropo griego que lo levantó y dio nombre, Juan de Saridakis. A mediados de los años 70 fue cedido a los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía. Tiempo después se sumó al complejo la finca Son Vent, en la que hay dos caserones cuyo disfrute se destinó a los Príncipes de Asturias y a las infantas. El mantenimiento de Marivent (jardinería, limpieza y obras) cuesta 1,7 millones de euros al año, que paga el Gobierno Balear.
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